El Gobierno nacional expidió el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026, mediante el cual adopta medidas tributarias extraordinarias para financiar la atención de la emergencia económica, social y ecológica declarada en varias regiones del país por los efectos de fenómenos hidrometeorológicos extremos.
La norma, firmada por el Presidente de la República y su gabinete, busca obtener recursos fiscales inmediatos para atender la crisis causada por eventos climáticos que han afectado infraestructura, servicios públicos y comunidades en diferentes departamentos del país, entre ellos Antioquia, Córdoba, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
¿Por qué se adoptan estas medidas?
El decreto se expide en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, debido a los impactos acumulados de fenómenos climáticos extraordinarios que superaron la capacidad de respuesta de las instituciones y los mecanismos ordinarios del Estado.
Según el Gobierno, los recursos disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, estimados en aproximadamente $668 mil millones, resultan insuficientes para atender la magnitud de las afectaciones y garantizar la recuperación de las zonas impactadas.
Además, el Ejecutivo advierte que el margen fiscal del Estado es limitado, debido a la rigidez del presupuesto público y a la no aprobación de proyectos de ley de financiamiento en el Congreso, lo que obliga a adoptar medidas extraordinarias para obtener ingresos adicionales.
Principales medidas del Decreto 0240 de 2026
El decreto establece un conjunto de instrumentos fiscales de carácter temporal, orientados a aumentar el recaudo y facilitar la regularización de obligaciones tributarias.
1. Impuesto del 16 % a las apuestas en línea
Se crea un impuesto nacional al consumo del 16 % para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
El tributo se calcula sobre el ingreso bruto del juego (apuestas menos premios pagados) y será responsabilidad de los operadores autorizados.
El Gobierno argumenta que este sector ha tenido un crecimiento sostenido y cuenta con capacidad económica suficiente para asumir una carga tributaria adicional.
2. Impuesto de normalización tributaria del 19 %
El decreto crea un impuesto temporal de normalización tributaria con una tarifa del 19 %, dirigido a contribuyentes que posean:
- activos omitidos
- activos subvalorados
- pasivos inexistentes
Este mecanismo busca ampliar la base tributaria y generar ingresos extraordinarios para financiar la atención de la emergencia.
3. Alivios tributarios y reducción de sanciones
La norma también introduce medidas de alivio para contribuyentes con deudas fiscales, entre ellas:
- reducción de sanciones al 15 % del valor original si se paga la obligación principal
- reducción de intereses moratorios
- posibilidad de corregir declaraciones sin intereses de mora
- conciliación en procesos judiciales tributarios con descuentos en sanciones e intereses.
Estas medidas buscan incentivar el pago de obligaciones pendientes y acelerar el recaudo.
4. Ajustes al impuesto al patrimonio
El decreto modifica disposiciones del impuesto al patrimonio creado previamente durante la emergencia, incluyendo como sujetos pasivos a:
- establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras en Colombia
La medida pretende garantizar la equidad tributaria entre empresas nacionales y extranjeras con presencia económica en el país.
¿A dónde irán los recursos?
Los recursos recaudados mediante estas medidas se destinarán exclusivamente a financiar las acciones necesarias para atender la emergencia climática, incluyendo recuperación de infraestructura, atención humanitaria y mitigación de riesgos en las zonas afectadas.
Medidas temporales bajo el estado de emergencia
Al tratarse de un decreto expedido bajo un estado de excepción, las medidas tributarias tienen carácter transitorio y deberán ser revisadas por la Corte Constitucional, que ejerce el control automático de constitucionalidad sobre los decretos legislativos adoptados durante emergencias.
Mientras tanto, el Gobierno busca obtener recursos fiscales inmediatos para enfrentar los efectos sociales, económicos y ambientales derivados de la crisis climática, en un contexto de restricciones presupuestales y presiones fiscales crecientes.
