Por estos días, Colombia presencia un episodio que no solo es jurídico, sino profundamente político y social: el Consejo de Estado ha decretado el 13 de febrero de 2026 la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo para este año, una decisión que sacude el debate público y deja al descubierto una realidad incómoda: no basta con anunciar aumentos, hay que sustentarlos con criterios técnicos y legales.
La noticia es contundente: el alto tribunal ha determinado que el incremento decretado —cercano al 24%, según se ha señalado— no habría cumplido con los requisitos normativos exigidos, y ha dado un plazo de apenas ocho días para que se expida un nuevo decreto ajustado a parámetros técnicos.
El salario mínimo no es un discurso: es una decisión económica de alto impacto
El salario mínimo no es una cifra lanzada al aire para ganar aplausos o alimentar narrativas de justicia social. Es un instrumento que afecta directamente:
- la inflación,
- la sostenibilidad empresarial,
- el empleo formal,
- la competitividad nacional,
- y por supuesto, la capacidad adquisitiva de millones de trabajadores.
Por eso la ley exige que su fijación esté sustentada en variables objetivas como:
- productividad,
- IPC,
- crecimiento económico,
- contribución de los salarios al ingreso nacional.
Cuando estas condiciones se omiten o se manejan con ligereza, el resultado no es justicia social: es inseguridad jurídica.
Una suspensión que revela algo más profundo: improvisación institucional
La decisión del Consejo de Estado no debe leerse únicamente como una disputa entre ramas del poder. Es, ante todo, una señal de alarma sobre la forma en que se toman decisiones trascendentales en Colombia.
Porque si el decreto del salario mínimo puede ser suspendido por falta de sustento técnico, entonces estamos ante una falla grave:
El país no puede construir política laboral con improvisación ni con decretos apresurados.
La técnica no es enemiga del bienestar.
La técnica es lo que evita que el populismo se disfrace de política pública.
Ocho días para corregir: el Estado bajo presión
El plazo otorgado es tan corto como simbólico: el Gobierno debe rehacer el decreto bajo criterios serios, verificables y legales.
Ocho días no son solo un término procesal.
Son una metáfora del Estado colombiano:
- actuando rápido,
- corrigiendo sobre la marcha,
- y legislando bajo presión.
Mientras tanto, el trabajador queda en medio del limbo: sin certeza, sin claridad, sin estabilidad.
El salario mínimo merece respeto, no espectáculo
El salario mínimo es demasiado importante para convertirse en un escenario de confrontación institucional o de cálculo político.
En un país donde más del 50% de los trabajadores están en la informalidad, donde el costo de vida golpea cada mes con más fuerza, y donde el empleo formal es un privilegio, el debate salarial debería ser un ejercicio de responsabilidad, no de propaganda.
La suspensión provisional del decreto es un recordatorio incómodo pero necesario: La justicia no está frenando el salario mínimo. Está frenando la falta de rigor.
Colombia necesita técnica con humanidad, no decretos sin fundamento
La discusión no es si el salario debe subir.
La discusión es cómo se sube, con qué criterios, con qué respaldo y con qué visión de país.
Porque aumentar sin sustento puede generar inflación. Y decretar sin legalidad genera caos.
Hoy el Consejo de Estado ha hecho lo que corresponde en un Estado de Derecho: exigir que las decisiones se tomen con seriedad.
El reto ahora es del Gobierno: expedir un nuevo decreto que no solo sea políticamente atractivo, sino jurídicamente sólido y económicamente responsable.