El Proyecto de Ley No. 504 de 2025, constituye una de las iniciativas más relevantes en materia de derecho laboral rural en Colombia, al proponer la creación de un régimen especial orientado a regular el contrato laboral agropecuario y el jornal agropecuario, con el propósito central de impulsar la formalización del empleo en el campo y garantizar la protección integral de quienes desarrollan actividades productivas en zonas rurales.
La iniciativa parte del reconocimiento histórico de la precariedad estructural del trabajo rural en el país, caracterizado por altos niveles de informalidad, baja cobertura en seguridad social y condiciones laborales inestables. En este contexto, el proyecto plantea un marco normativo integral que no solo define con precisión las modalidades de vinculación laboral en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y acuícolas, sino que también introduce mecanismos jurídicos innovadores para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras rurales, su dignificación y su inclusión en el Sistema de Seguridad Social Integral.
Uno de los ejes estructurales del proyecto es la creación del contrato laboral agropecuario como una modalidad especial que reconoce las particularidades del trabajo en el campo, especialmente su carácter estacional, transitorio y dependiente de los ciclos productivos. Este contrato permite adaptar las reglas tradicionales del derecho laboral a la realidad rural, garantizando derechos mínimos como el descanso remunerado, el pago de recargos, condiciones dignas de trabajo y la prohibición de prácticas como la intermediación ilegal o la tercerización que desnaturalice la relación laboral.
De manera complementaria, el proyecto introduce la figura del jornal agropecuario, concebido como un mecanismo de remuneración integral que incluye no solo el pago por la labor diaria, sino también la compensación de prestaciones sociales y beneficios asociados, ajustándose a la dinámica propia del trabajo por días o por temporadas. Esta figura busca resolver una de las principales barreras de formalización en el sector rural: la dificultad de aplicar esquemas tradicionales de contratación a actividades discontinuas o de corta duración.
En materia de seguridad social, la propuesta desarrolla un enfoque progresivo e incluyente. Se establece la afiliación obligatoria al sistema, incorporando esquemas de cotización proporcional que permiten ajustar los aportes al ingreso real del trabajador, lo cual resulta especialmente relevante en contextos de ingresos variables. Asimismo, en consonancia con la Ley 2466 de 2025, se garantiza la permanencia de los trabajadores rurales en el régimen subsidiado de salud cuando sus condiciones económicas así lo requieran, evitando así que la formalización implique la pérdida de beneficios sociales previamente adquiridos.
Un aspecto de especial relevancia es el enfoque diferencial que atraviesa toda la iniciativa. El proyecto reconoce de manera explícita la situación de vulnerabilidad de las mujeres rurales, quienes históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso al empleo formal, menores niveles de ingreso y una carga desproporcionada de trabajo no remunerado. En este sentido, se incorporan disposiciones orientadas a promover la equidad de género, facilitar su acceso a la seguridad social y fortalecer su participación en la vida económica del sector agropecuario.
Desde el punto de vista constitucional, el proyecto se articula con los mandatos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, que imponen al Estado la obligación de promover el acceso progresivo a la tierra, mejorar la calidad de vida de la población campesina y garantizar la producción de alimentos. Además, armoniza el ordenamiento jurídico con las recientes reformas constitucionales que reconocen al campesinado como sujeto de especial protección, titular de derechos específicos orientados a la dignidad, el bienestar y la participación efectiva en el desarrollo nacional.
En el ámbito internacional, la iniciativa incorpora estándares derivados de instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, así como convenios de la Organización Internacional del Trabajo, lo que refuerza su coherencia con los compromisos adquiridos por Colombia en materia de trabajo decente, protección social y desarrollo rural sostenible.
Adicionalmente, el proyecto prevé la creación de mecanismos de información, inspección, vigilancia y control, incluyendo registros laborales específicos para el sector agropecuario y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para supervisar el cumplimiento de las normas. Estas herramientas buscan no solo garantizar la efectividad de la ley, sino también prevenir la informalidad y promover una cultura de legalidad en el campo.
Finalmente, cabe destacar que el Ministerio del Trabajo ha dispuesto un enlace oficial para la recepción de comentarios y opiniones sobre el proyecto de ley, lo cual refleja un enfoque participativo en la construcción normativa y abre la posibilidad de que actores del sector rural, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos en general contribuyan al perfeccionamiento de esta iniciativa.
En síntesis, el Proyecto de Ley sobre el contrato y jornal agropecuario representa un avance significativo hacia la modernización del derecho laboral rural en Colombia, al proponer un modelo flexible pero garantista, que reconoce las particularidades del trabajo en el campo y busca cerrar las brechas históricas de informalidad, desigualdad y exclusión que han afectado a la población campesina.