En los últimos años, la expresión tax governance –gobernanza tributaria– se ha convertido en un tema central en los debates sobre política fiscal y transparencia. Las crisis fiscales, la digitalización de la economía y el avance de los estándares internacionales han puesto sobre la mesa la necesidad de que las administraciones tributarias y las empresas gestionen sus obligaciones de forma responsable, con procedimientos de control y rendición de cuentas. La revolución de la gobernanza tributaria en Colombia no puede analizarse aisladamente: se enmarca en cambios profundos en América Latina y, especialmente, en Suramérica, donde las autoridades han digitalizado sus sistemas, se han sumado a iniciativas de la OCDE y la ONU y han intensificado la lucha contra la evasión y la elusión fiscal.
¿Qué se entiende por tax governance?
La literatura define la gobernanza tributaria como el conjunto de normas, políticas y prácticas que permiten a un país diseñar, administrar y evaluar su sistema impositivo de manera eficiente, equitativa y transparente. A nivel corporativo, implica un marco de control interno y externo que asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la gestión adecuada de riesgos y la coherencia de la estrategia fiscal con los valores de la organización. El informe de KPMG sobre departamentos fiscales en América Latina muestra que las funciones fiscales de la región han evolucionado rápidamente: las autoridades latinoamericanas son pioneras en la digitalización de sus sistemas; las empresas han tenido que adoptar tecnologías para cumplir con controles electrónicos y los departamentos fiscales son cada vez más independientes y participan en la estrategia de negocio.
Contexto internacional y regional
Normativas multilaterales
La OCDE, a través del proyecto BEPS y del Instrumento Multilateral (MLI), ha impulsado reformas tendientes a prevenir el abuso de convenios y la erosión de bases imponibles. Según KPMG, países como Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Perú, México y Uruguay han firmado el MLI. Asimismo, varias jurisdicciones latinoamericanas –incluida Colombia– están incorporando recomendaciones BEPS en su legislación interna y adoptando mecanismos de reporte país por país y reglas antiabuso. El Comité Intergubernamental sobre Cooperación Fiscal de la ONU también ha abierto un proceso para crear una Convención Marco de Naciones Unidas sobre cooperación fiscal internacional; Colombia, en sus comentarios al borrador del 27 de junio de 2025, subraya que desea un sistema tributario internacional inclusivo y equitativo donde todos los países puedan proteger su base gravable y participar en igualdad de condiciones en la gobernanza tributaria. Colombia propone, entre otras cuestiones, expandir los derechos de imposición sobre la economía digital, fortalecer el intercambio de información y combatir la evasión y elusión fiscal.
Tendencias suramericanas
Un rasgo común en Suramérica es la modernización de las administraciones tributarias mediante herramientas digitales. El informe de KPMG resalta que la región se ha convertido en referente mundial en digitalización tributaria: se exige la emisión de facturas electrónicas validadas por la autoridad y la presentación de declaraciones en formatos electrónicos. Países como Chile y Brasil fueron pioneros en facturación electrónica y otros, como Perú y Uruguay, han seguido el mismo camino. La digitalización ha permitido a las autoridades obtener información en tiempo real y mejorar la fiscalización, pero también ha incrementado el riesgo operativo para las empresas, que deben adaptar sus procesos y sistemas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) observa que la digitalización de las administraciones tributarias de la región ofrece oportunidades para mejorar el cumplimiento y la gobernanza, aunque advierte que los países menos avanzados deben primero facilitar la conectividad de los contribuyentes, mientras que los más avanzados deberían implementar la presentación automática de declaraciones y el intercambio de datos entre agencias.
Transformaciones de la gobernanza tributaria en Colombia
Modernización digital y facturación electrónica
Colombia ha sido uno de los líderes regionales en la adopción de la factura electrónica. La plataforma de servicios tributarios EDICOM explica que la factura electrónica colombiana busca modernizar y digitalizar el sistema tributario, garantizando eficiencia, transparencia y control fiscal; está regulada por la DIAN y se adapta continuamente para optimizar la administración tributaria. El Sistema de Facturación Electrónica (SFE), implementado en 2015, opera bajo un modelo de pre‑validación: todos los documentos electrónicos se envían primero a la DIAN, que los revisa y aprueba antes de entregarlos al destinatario. Este modelo asegura la legalidad de las operaciones y facilita el cumplimiento tributario, mejora el control fiscal y reduce el uso de papel. La DIAN ha incorporado documentos como nóminas electrónicas y documentos equivalentes, y continúa expandiendo el sistema a nuevos sectores, por ejemplo con la obligación de integrar los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) como soporte de la factura de venta electrónica en 2024.
Cumplimiento y gestión de riesgos
La digitalización no solo facilita el control de la DIAN, sino que obliga a las empresas a fortalecer sus mecanismos internos de cumplimiento. Las obligaciones de precios de transferencia para 2025 exigen que los contribuyentes presenten electrónicamente la declaración informativa (formulario 120), la documentación de respaldo (archivo local, archivo maestro y reporte país por país) y utilicen herramientas electrónicas habilitadas por la DIAN. La firma TPC Group destaca que es esencial reforzar la gobernanza tributaria interna para asegurar consistencia y actualizaciones normativas, recomendando implementar controles internos y consultar especialistas en casos complejos. Esta recomendación muestra que la gobernanza tributaria deja de ser un tema únicamente administrativo y se convierte en un elemento estratégico de gestión de riesgos.
Reformas normativas y transparencia
Colombia se convirtió en miembro de la OCDE en 2020 y ha ido adaptando su legislación a los estándares internacionales. La implementación de la Ley 2277 de 2022, que elevó impuestos a ciertos sectores (ultra‑procesados, bebidas azucaradas) y estableció un impuesto mínimo del 15 %, ha sido objeto de revisiones constitucionales; el informe de EY señala que la Corte Constitucional confirmó la deducibilidad de regalías y declaró constitucional el impuesto mínimo. Para 2025 se esperan nuevas reformas que incorporen impuestos verdes, salud y posiblemente gravámenes a la economía digital. Además, la DIAN planea reforzar el uso de herramientas tecnológicas, ampliar la factura electrónica y automatizar procesos, lo que se traducirá en mayor fiscalización y transparencia. EY anticipa que los casos de auditoría se incrementarán en volumen y profundidad en 2025 debido al aumento de la automatización y digitalización de los procesos.
En el ámbito internacional, Colombia continúa negociando tratados para evitar la doble tributación y actualizando la lista de jurisdicciones de baja o nula tributación, lo cual exige una coordinación más estrecha con otras administraciones fiscales. Además, el país apoya la creación de una convención fiscal de la ONU que amplíe los derechos de imposición sobre la economía digital y fortalezca la cooperación para combatir la evasión.
Un enfoque de gobernanza en las empresas
La revolución de la gobernanza tributaria no solo se refiere a cambios regulatorios; también implica que las organizaciones integren la gestión fiscal en sus políticas de buen gobierno y responsabilidad social. Los estudios señalan que en América Latina los departamentos fiscales tienden a ser más autónomos que en otras regiones y están más involucrados en la estrategia corporativa. Sin embargo, la encuesta de KPMG observa que muchas empresas latinoamericanas aún no priorizan la gestión de riesgos fiscales y son poco transparentes respecto a su información tributaria. A medida que los inversionistas y la sociedad demandan mayor transparencia, la gobernanza tributaria se vincula con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y con estándares internacionales como la norma UNE 19602 sobre sistemas de gestión de compliance tributario.
Desafíos y perspectivas
La revolución de la gobernanza tributaria en Colombia avanza en varias direcciones: digitalización, adopción de estándares internacionales, fortalecimiento institucional y mayor interacción con la ciudadanía. No obstante, enfrenta retos significativos:
- Complejidad normativa y carga administrativa. La multiplicidad de reformas y resoluciones puede generar confusión y costos de cumplimiento elevados para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. La gradual eliminación del Régimen Simple de Tributación y los cambios en impuestos a la renta y al consumo obligan a una continua adaptación.
- Brecha tecnológica y de capacidades. Mientras las grandes empresas pueden adaptarse a sistemas como la factura electrónica y la presentación automática de reportes, muchos contribuyentes informales o ubicados en áreas rurales tienen dificultades para acceder a internet o a software de gestión. El BID sugiere que los países menos avanzados deben centrarse primero en mejorar la conectividad y la digitalización de los documentos para que la revolución digital sea inclusiva.
- Gestión del riesgo y transparencia. El mayor acceso de la DIAN a información en tiempo real implica que las empresas deben desarrollar marcos de control interno más sofisticados y adoptar una cultura de cumplimiento que vaya más allá de evitar sanciones. La recomendación de TPC Group de fortalecer la gobernanza interna muestra esta tendencia.
- Armonización internacional. Colombia participa en debates globales sobre la tributación de la economía digital y la reconfiguración de la gobernanza fiscal. La postura colombiana en la ONU busca asegurar un reparto equitativo de los derechos de imposición y el acceso a información, pero la implementación dependerá de la convergencia con la OCDE y con los socios regionales.
La revolución del tax governance en Colombia refleja una transformación estructural que combina la modernización tecnológica, la incorporación de estándares internacionales y un mayor enfoque en la gestión de riesgos y la transparencia. Colombia destaca en Suramérica por la implementación de la factura electrónica y de sistemas de validación previa que fortalecen el control fiscal, así como por su participación activa en iniciativas globales para redefinir la gobernanza tributaria. No obstante, esta revolución conlleva desafíos relacionados con la inclusión digital, la complejidad normativa y la necesidad de un cambio cultural en las organizaciones para integrar la gestión fiscal en su estrategia y su comunicación pública. A medida que el país avanza hacia una mayor transparencia y una administración tributaria basada en datos, la gobernanza tributaria será un componente clave de su desarrollo económico sostenible.