En medio de la ola invernal que ha afectado gravemente a varias regiones del país, el Gobierno Nacional firmó un decreto para establecer un nuevo impuesto al patrimonio empresarial, una medida centrada en generar recursos urgentes para atender y recuperar las zonas afectadas por inundaciones y otros desastres provocados por el fenómeno climático.
¿Qué es este nuevo impuesto al patrimonio?
El decreto establece un tributo dirigido específicamente a las empresas con altos niveles de patrimonio líquido, es decir, la diferencia entre los activos y las deudas. Este gravamen no aplica sobre las utilidades (como ocurre con el impuesto de renta), sino sobre la riqueza que las compañías tienen acumulada.
Según lo confirmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el impuesto tendrá:
- Una tarifa general de 0,5% para empresas cuyo patrimonio líquido supere 200.000 UVT (aproximadamente unos $10.474 millones COP).
- Tarifas especiales más altas, como 1,6% para el sector financiero y las actividades de extracción de carbón y petróleo.
¿Por qué se creó este impuesto?
El Gobierno tomó la decisión en el marco de la emergencia económica declarada para responder a los daños causados por el frente frío y las fuertes lluvias que han inundado múltiples departamentos, incluidos Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.
El objetivo principal es asegurar recursos suficientes para la atención inmediata y la reconstrucción, con una meta de recaudo cercana a 8 billones de pesos, según las estimaciones oficiales.
¿Quiénes pagarán y cómo se hará el cobro?
Este impuesto sólo afectará a personas jurídicas (empresas) que superen el umbral de patrimonio establecido. Se espera que alrededor de 15.000 empresas sean impactadas por esta medida.
El calendario de pago quedó establecido para asegurar liquidez:
- 50% del impuesto debe pagarse el 1 de abril de 2026
- 50% restante debe cancelarse el 4 de mayo de 2026
¿Qué dicen los críticos de la medida?
La medida ha generado debate. Desde sectores empresariales y técnicos se ha señalado que gravar el patrimonio puede:
- Afectar la inversión y la creación de empleo, al desincentivar la acumulación de capital.
- Generar incertidumbre económica, pues no es un impuesto común en otros países, especialmente sobre patrimonio corporativo.
Contexto jurídico y económico
La iniciativa surge tras la suspensión de parte de las disposiciones tributarias adoptadas en la emergencia económica anterior por la Corte Constitucional, lo que obligó al Gobierno a diseñar nuevas herramientas fiscales bajo el marco de la actual emergencia climática.
Este nuevo impuesto al patrimonio refleja la necesidad del Ejecutivo de contar con recursos rápidos y excepcionales en situaciones de crisis, al mismo tiempo que reaviva el debate sobre el papel de los tributos en la recuperación económica y social del país.
